El pasado martes 14 de enero, cerrábamos el día con la terrible noticia de la explosión de la planta petroquímica de IQOXE en el Alt Camp de Tarragona. El balance, a día de hoy, es de tres fallecidos, siete heridos y cuantiosísimos daños materiales y económicos, que afectan desde a la propia siniestrada como a sus proveedores, clientes y empresas vecinas hasta a numerosas familias que han visto dañados sus hogares o establecimientos, por no hablar del susto ante el suceso, y la inseguridad y la desprotección que han sentido muchos de ellos.

En plena investigación, aún no se sabe qué ocurrió exactamente. Pero diversos medios están desvelando detalles que apuntan a excesos de recortes en los presupuestos de la compañía que han repercutido negativamente en los mantenimientos, los materiales y, sobre todo, en la cantidad de personal cualificado que atendía las instalaciones.

La empresa cuenta con un seguro de Daños, que cubre económicamente su planta, y un seguro de RC, ante posibles daños a terceros. Ante las informaciones publicadas en distintos medios de que las indemnizaciones pactadas en esas pólizas son a todas luces insuficientes para cubrir las daños causados, IQOXE presentó un comunicado defendiendo a las aseguradoras con las que tiene estos seguros, “contratados con multinacionales que garantizan la cobertura tanto de los riesgos internos de la planta como los riesgos por responsabilidad civil”. Pero en ningún momento se ha puesto en duda la solvencia y rigor de las compañías en las que están contratado los seguros, sino el saber si las coberturas y capitales asegurados son coherentes al riesgo en cuestión.

Esta situación nos ha de hacer reflexionar a todos para entender la necesidad de cubrir proporcionalmente los posibles riesgos y proteger así tanto el propio patrimonio, y la pérdida de beneficios por la paralización del negocio, como los daños que se pueden ocasionar a terceros. En el caso de compañías que manejan sustancias potencialmente peligrosas, la ley les obliga a mantener unos parámetros de seguridad mínimos pero no a contar con unas coberturas de seguros mínimas. Aquí entra en juego, como he mencionado, la prudencia y el buen juicio del alto cargo que toma la decisión (que debería considerar, de igual manera, cubrirse a sí mismo con un seguro de Responsabilidad de Administradores y Directivos, ante posibles errores de calado que afecten a su empresa –que no ante hechos ilegales o mala fe-). Aconsejado por un mediador profesional, el directivo debe ser capaz de contratar coberturas que, sin alcanzar capitales imposibles, le permitan hacer frente a sus responsabilidades, internas y externas. Un término medio es posible. Y necesario.

No descuidemos la seguridad, ni ‘ahorremos’ en cosas imprescindibles que pongan en riesgo bienes e integridad física, los propios y los ajenos. Nos va la vida en ello.

Alex Ballús

Técnico de empresas